Resumen: Se confirma la sentencia de instancia, que condenó al acusado como autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud. Alegando la parte apelante vulneración del principio de presunción de inocencia, desestima la sala esa alegación. Estima la Sala que la falta de un trabajo estable por parte del acusado, de unos medios de vida que justifiquen su aparente modo de vida (vehículo y tenencia de efectivo en una cantidad que supera los límites de normalidad), la similitud en pureza, peso y envoltorio de las bolsitas halladas en el vehículo, la falta de una justificación de la hora y razones por las que se encontraba en ese lugar y en esa actitud, la cantidad y calidad de las sustancias incautadas, la misma ocultación de las bolsitas en el vehículo, descarta la teoría de que venía de adquirir esos efectos, los agentes le encuentran andando o más bien merodeando en una zona de menudeo, lo que permite a la Sala inferir el destino de distribución a terceros. Que el acusado posea ingresos estables que perciba a través de una pensión o que se trate de un drogodependiente con una trayectoria de más de treinta años de consumo continuado de opiáceos, no empece para la comisión de un delito de tráfico de drogas que resultó de los anteriores elementos. Estima el Tribunal que las conclusiones de la sentencia de instancia son perfectamente admisibles y no resultan absurdas o irracionales. Por ello, se desestima el recurso.
Resumen: Se impuna la resolución de la Directora General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información de la Gerencia Regional de Salud sobre la facturación por estándares durante la vigencia del estado de alarma en el marco de la ejecución del Contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación del Nuevo Hospital de Burgos. En concreto la sentencia del juzgado acepta solo la pretensión de que hubo una imposibilidad parcial de ejecución; pero desestima el requilibrio económico financiero del Contrato, tras la situación generada por la pandemia y desestima también la reclamación de daños por importe de 2.789.263,12 euros. Apelan ambas partes, la Gerencia regional de la Salud para la desestimación total del recurso Y la sociedad concesionaria, para obtener la indemnización solicitada. La sala opta por estimar solo el recurso de la administración, no se prueba la imposibilidad parcial de ejecución, que opera bajo un presupuesto de hecho, que en el presente caso no se da, porque por imposibilidad de ejecución del contrato se ha de entender como una situación fáctica que no admite grados y, en consecuencia, se da o no se da y se entiende en este caso que las dificultades que se presentaron no fueron suficientemente impeditivas de la ejecución. Por otra parte se desestima el recurso de la sociedad concesionaria respecto del resto de reclamaciones, del requilibrio y de la indemnización.
Resumen: No cabe considerar transcurrido el plazo de los 2 meses que para la interposición del recurso contencioso administrativo establece el artículo 46 LJCA ni, por tanto, es posible declarar en sentencia la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, cuando el escrito de interposición se presentó en un momento en el que los plazos procesales se encontraban suspendidos a tenor de la Disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y no se había aún reanudado su cómputo.
Resumen: Hostelera autónoma que causó baja en el RETA el 30/06/20 impugna la resolución administrativa denegatoria de la prestación por cese de actividad. La instancia desestima la demanda. La sentencia comentada acepta parcialmente una revisión fáctica y confirma la decisión del Juzgado, basándose en que el cierre del negocio no respondió a fuerza mayor derivada del COVID, sino a la decisión voluntaria de la solicitante, por considerar que el negocio era inviable, a pesar de que el rendimiento económico del ejercicio fue positivo, y tampoco solicitó la prórroga de la prestación extraordinaria que le abonó la Mutua entre el 14/03 y el 30/06/20.
